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En el comienzo de la crisis financiera que estalla en 2007 la aplicación de la regulación en vigor en matera de prácticas bancarias, que vigilaba por el buen funcionamiento de una gran parte del sistema financiero, giraba alrededor de dos principales ejes: las normas referentes a los requerimientos de capital para las entidades bancarias y el impulso a la utilización de métodos internos de gestión de riesgo para los bancos considerados aptos para ello (en España todos los bancos y la mayoría de las cajas).
El capital que las autoridades supervisoras nacionales de la mayoría de los países exigían que los bancos mantuvieran en base a las normas Basilea II[1] (el ya muy conocido capital mínimo regulatorio) se calculaba en función de la valoración de los riesgos que estas entidades asumían (con distintos métodos más o menos sofisticados matemáticamente) y se consideraba capital el valor contable de una serie de instrumentos específicos muy diversos en su procedencia y naturaleza.
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Cristo entre los doctores, Paolo Veronese. Museo del Prado |
Los recortes en los servicios públicos ha llegado también, efectivamente, a las universidades. Se ha anunciado una subida media del 50% de las tasas, recortes en becas universitarias, una “remodelación” del mapa de universidades y titulaciones y un aumento de las horas lectivas de los profesores, con la clara intención de reducir las plantillas. Todo ello, además, utilizando datos falsos y argumentos que trasladan la idea de que, al final, los problemas de la universidad se derivan del escaso esfuerzo de estudiantes y docentes.
1. El importantísimo aumento de tasas junto con el recorte de becas es un ataque a la igualdad de oportunidades. Los alumnos menos adinerados ya tienen dificultades para acceder a la universidad, y los que lo hacen estudian becados. Para el resto se está imponiendo un cambio en el modelo que nos lleva a una universidad más cara y con menos alumnos.
2. El aumento de la carga docente para los profesores además de condicionar su labor de investigación es una vía directa para el despido masivo de profesores no funcionarios que, de hecho, ya se está produciendo en muchas universidades, y una descapitalización futura por la vía de la expulsión de nuevas generaciones de investigadores y profesores.
2. La universidad española está inmersa desde hace años en un proceso de cambio y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia) que requiere una reducción del número de alumnos por grupo y que supone un notable aumento de la carga de trabajo por grupo para los profesores (prácticas, trabajos tutelados, seguimiento más individualizado de los progresos de los estudiantes). Las medidas propuestas y sus consecuencias sobre la reducción de la plantilla van en una dirección completamente opuesta e impedirán la aplicación de esta nueva metodología con la calidad que se requiere.
3. El recorte y la presión sobre docentes e investigadores tendrá un efecto negativo sobre la investigación, aunque se pretenda convencernos de que el objetivo es mejorarla. ¿Podemos permitirnos debilitar uno de los pilares del crecimiento económico en un momento como el actual, en el que se precisa precisamente un cambio en el modelo productivo?
Los sindicatos han convocado una huelga general en toda la educación pública el próximo 22 de mayo, y se están poniendo en marcha distintas iniciativas para denunciar el efecto negativo que, para el empleo y las condiciones laborales de los trabaladores de la enseñanza, pero también para el conjunto de la sociedad, tendrán los recortes que se están poniendo en marcha. Desde econoNuestra nos hacemos eco, en particular, del manifiesto NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, que está recogiendo un buen número de adhesiones y que puede leerse y firmarse aquí.
Lo cierto es que estos recortes, en la universidad y en el resto del sistema educativo, tendrán graves consecuencias desde el punto de vista económico y social:
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stacamos por su interés el artículo aparecido en el diario Público (aquí) en el que la profesora Bibiana Medialdea señala el valor del movimiento 15-M en la tarea de acercar la economía a la población y ponerla a su servicio, cuestionando cuando sea necesario lo que parecen verdades incontestables pero que, en realidad, no están avaladas ni por la teoría económica ni por la evidencia empírica.
Muy acertadamente, la autora destaca algunas de estas decisiones injustificables que se abren paso bajo la coartada de lo inevitable, pero que deben ser claramente contestadas por sus efectos negativos sobre el bienestar de la mayoría:” i) alargar la vida laboral y facilitar el despido en un contexto de desempleo generalizado; ii) no gravar con impuestos potentes a los grupos sociales con más patrimonio y renta, en una coyuntura de necesidad imperiosa de recursos públicos; iii) inyectar dinero público al sistema bancario, responsable de la crisis, sin exigirle ningún tipo de contrapartida; iv) recortar partidas de gasto público social, que no sólo suponen el deterioro evidente de nuestro precario Estado de bienestar, sino que además alimentan el desempleo y la recesión; o v) garantizar constitucionalmente que se priorizará el pago de los intereses de la deuda frente a la atención de derechos básicos de la población”.
Y termina con unas palabras de reconocimiento y aliento para lo que queda por hacer a la que sólo podemos sumarnos: “podemos pensar que el trecho recorrido es poco, en comparación con todo lo que queda por hacer. Pero lo más importante en lo que podemos pensar es en cómo, a partir del 16 de mayo de 2012, seguir dando pasos en esta dirección. En dos palabras: felicidades y adelante”.
Destacamos por su interés el artículo aparecido con este título en el diario Público (aquí) en el que la profesora Bibiana Medialdea señala el valor del movimiento 15-M en la tarea de acercar la economía a la población y ponerla a su servicio, cuestionando cuando sea necesario lo que parecen verdades incontestables pero que, en realidad, no están avaladas ni por la teoría económica ni por la evidencia empírica.
Muy acertadamente, la autora destaca algunas de estas decisiones injustificables que se abren paso bajo la coartada de lo inevitable, pero que deben ser claramente contestadas por sus efectos negativos sobre el bienestar de la mayoría: ”i) alargar la vida laboral y facilitar el despido en un contexto de desempleo generalizado; ii) no gravar con impuestos potentes a los grupos sociales con más patrimonio y renta, en una coyuntura de necesidad imperiosa de recursos públicos; iii) inyectar dinero público al sistema bancario, responsable de la crisis, sin exigirle ningún tipo de contrapartida; iv) recortar partidas de gasto público social, que no sólo suponen el deterioro evidente de nuestro precario Estado de bienestar, sino que además alimentan el desempleo y la recesión; o v) garantizar constitucionalmente que se priorizará el pago de los intereses de la deuda frente a la atención de derechos básicos de la población”.
Y termina con unas palabras de reconocimiento y aliento para lo que queda por hacer a la que sólo podemos sumarnos: “podemos pensar que el trecho recorrido es poco, en comparación con todo lo que queda por hacer. Pero lo más importante en lo que podemos pensar es en cómo, a partir del 16 de mayo de 2012, seguir dando pasos en esta dirección. En dos palabras: felicidades y adelante”.
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Dos breves apuntes sobre lo que está pasando. El primero se refiere a todo un bloque de comentarios contradictorios que se suelen oír por ahí acerca de la crisis. Por un lado, está la opinión expresada día sí, día también, por el Gobierno de este desventurado país y de toda la ingente multitud de sus corifeos autonómicos y locales, y que también, ¡cómo no!, aparece en boca de esos infatigables -y nada afectados por el paro- trabajadores que son los tertulianos, opinión que repite incansablemente que la crisis es "cosa de todos" pues a todos nos afecta en mayor o menor medida, por lo que aquellos todavía menos afectados (o sea, quienes aún tienen empleo) han de hacer algo por los más infortunados, o sea aceptar con entrega e ilusión las políticas de austeridad que desde el gobierno se decretan. Pero, curiosamente, por otro lado, está un cierto runrún que se suele oír por lo bajo entre las gentes del común por calles, plazas y mercados, y que se resume muy bien en el título de aquel viejísimo album del grandilocuente y chillón grupo pop Supertramp:Crisis. What crisis?, o sea, que no es tan fiero el león de la crisis como lo pintan.
Y es que hay muchos lugares en que no se nota la crisis, o en que se nota muy poco. Los restaurantes de lujo siguen tan llenos como siempre, o casi; los hoteles en los puentes y demás fiestas tienen niveles de ocupación similares; la demanda de coches de lujo se mantiene; los cruceros siguen haciendo sus aburridos y aeróbicos recorridos, etc., etc. Y, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿afecta la crisis a todos o es un espejismo? Pues la respuesta es que ni una cosa ni la otra. La crisis, este impactante marasmo económico en que ha sumido a España la pertenencia al euro y la política económica del anterior gobierno y la versión continuista del actual, es una obvia realidad. Pero es una realidad asimétrica pues dista de afectar a todos.
No me pondré a apoyar esta afirmación con una batería de datos, pues con un par de ellos creo que el argumento aparecerá claro. El año pasado, la renta nacional, el pastel de lo que producimos: el PIB, creció poco, un magro 0,4% respecto al año anterior; en tanto que el empleo cayó en más de un 3,26%. Esto significa que la renta media de aquellos que siguieron empleados creció. Ahora bien, ese hecho esconde una clara disparidad: no les ha ido tan bien a los asalariados ocupados que al resto de ocupados (autónomos incluídos) pues en tanto que remuneración de los asalariados creció un 1,1 en el año pasado (y entre los asalariados hay que incluir a "asalariados" tan sui generis como el señor Botín y el conjunto de gerentes y directores de empresas), fueron las rentas empresariales (del capital más las de los trabajadores autónomos) las que más crecieron (un 6,6%). En el último trimestre del año 2011, ya por primera vez, las rentas empresariales se llevan un porcentaje del PIB (46,2%) mayor que el porcentaje que corresponde a las rentas salariales (46%), "trozo" del PIB que se han de repartir 15,7 millones de personas (incluyendo entre ellas, repito, a Botín y sus amigos) cuando en 2007, el 48% del PIB de aquel año se lo repartían entre 18 millones (incluyendo entre ellas, una vez más, a Botín y sus amigos). En suma, que no es nada extraño que teniendo en cuenta todo lo dicho, haya muchos (Botín, sus amigos, y algunos otros trabajadores, y bastantes autónomos y empresarios) a los que esta implosión de la economía española no les afecta sino que, incluso, les beneficia.
La segunda de esas simplezas cotidianas de la que quiero aquí hablar es aquella que se repite incansablemente desde el gobierno y sus expertos económicos, que por cierto es idéntica a la que otrora predicaba el gobierno anterior y sus expertos (que, por cierto, eran los mismos). Y es que no hay alternativa para la política económica española, que dado que estamos en una unión monetaria y hemos perdido la soberanía monetaria, hemos perdido también la autonomía financiera, es decir, cuanto a la capacidad de autogestión respecto a la financiación pública. Al no quedar otra opción que reducir el déficit público, pues así se nos impone desde fuera, no se puede hacer otra cosa que disminuir el gasto público con todo lo que ello supone, o sea, el desmantelamiento progresivo de nuestro Estado del Bienestar pues no podemos permitírnoslo. En apoyo claro de esta forma de ver las cosas está la corriente dominante en el mundo académico de la Economía en España. Así, desde hace algún tiempo, algunos miembros del equipo habitual de "expertos" económicos del Gobierno (sea cual sea su color, repito, pues el "equipo" se mantiene), aquellos que por pensarse más modernos y "científicos" que los demás se declaraban antikeynesianos ("Keynes estaba muerto" solían decir. Siempre tan ingeniosos, ellos), defendían la opinión de moda en el mundo de la Economía Dominante, esa que afirma que la austeridad es expansiva. Sus singulares razones para decir tal cosa eran variadas, “singulares” en el sentido de “epatantes” pues como señalaba Albert O. Hirschman los economistas adolecen por lo general del defecto de “querer llamar la atención” defendiendo tesis que llamen la atención por enfrentarse al sentido común, como para demostrar que ser economista es algo a lo que no se puede acceder sin haber pasado por una dura formación académica. Pero, a lo que iba, todas esas “razones”, tan a la postre irracionales. Eran variaciones sobre el mismo tema. En sus "modelos" el agente económico es racional a un nivel cuasidivino y una voluntad de hierro. Prevén que si el estado gasta más y se financia con deuda, en el futuro se verá obligado a subir los impuestos, y sabiéndolo ese agente económico racional que vive en sus modelos decide entonces empezar a ahorrar ya cual hormiguita para tener un remanente cuando el estado en ese futuro indefinido le suba los impuestos.En consecuencia, una política expansiva financiada con deuda no estimula la economía. El estado, lo que debe hacer, en consecuencia, más que lanzarse a una orgía de gastos es reducir su deuda, y para ello nada mejor que disminuir el déficit disminuyendo los gastos que hace. A fin de cuentas es eso lo que ha de hacer un buen padre de familia cuando se ha endeudado para comprarse un piso: debe guardar todos los meses un dinero para ir pagando la deuda no sea que le desahucien.
Por otro lado, la contracción del tamaño del sector público favorecería el desenvolvimiento y expansión del sector privado. Que ¿por qué? Pues por dos razones. Por un lado, el tipo de interés cae en la medida que el estado no compite por el ahorro privado con el sector privado, lo que estimula la inversión empresarial que siempre es más "eficiente" que el gasto público (¡vaya usted a saber porqué!) lo cual requeriría por cierto que si el agente económico racional fuera español debiera también ser un completo amnésico pues, caso contrario, ¿cómo olvidar las ineficientes inversiones del sector privado hispánico en el ladrillo? . Por otro, por la aparición de una suerte de "efecto psicotrópico" en los cerebros de los empresarios asociado a la disminución del gasto público que les hace sentirse más seguros y confiados respecto al futuro y les lleva a invertir más (Krugan ha considerado que este efecto mágico se debería a la aparición de una suerte de "hada buena", el "hada de la confianza" ). No merece la pena seguir. La realidad de los efectos de las políticas contractivas está ahí. La defensa de los economistas académicos ante este desastre sin paliativos es la habitual de los "equipos habituales": hay que esperar al largo plazo, el mal que ahora se está causando a las gentes por seguir sus consejos es por un lado justo (se debe a sus excesos pasados) y, por otro, reparador, pues como sucede cuando se cumple la penitencia correctamente (con contricción) en la mitología cristiana, el dolor de hoy producirá réditos en un futuro radiante. O sea, que si le economía española sigue sus consejos y pena como debe penar hoy, el paraíso económico estaría garantizado. Estupideces. Cada vez tengo más claro que la revolución keynesiana fue también una auténtica revolución moral a nivel socail y económico semejante a la revolución nietzscheana a nivel del individuo. Si se mira desde esta perspectiva, la posibilidad que Keynes descubre de hacer políticas activas en situación de crisis es una revolución contra la pasividad y la resignación que, frente a las recesiones económicas, los economistas de las escuela neoclásica y austríaca predican como actitud y política económica. Se que es una herejía, pero tengo para mí que en el fondo, muy en el fondo de la aceptación de los modelos de esas escuelas por parte de la mayoría de los economistas (así como sus reiterados esfuerzos por "matar" intelectualmente a Keynes) subyace una actitud moral, una idea acerca del uso de las nociones de pecado, castigo y redención a nivel social de raíces inequívocamente cristianas y masoquistas, y con arreglo a la cual el mundo económico es y debe ser en cada presente un "valle de lágrimas" (siempre dominado por la "escasez"), de modo que si alguna sociedad se olvida de esta "verdad" y se "propasa" y "vive por encima de sus posibilidades", peca, y ha de aceptar el ser "castigada" para "redimirse" y volver al sendero de la "moderación". Pero, se me dirá, todo esto está muy bien, pero, ¿cual es la alternativa en la situación actual que nos obliga al equilibrio presupuestario? Pues muy sencillo. Una muy simple que conoce todo estudiante de Economía de primero de Macroeconomía, y es la que ofrece el llamado "Teorema del Multiplicador del Presupuesto Equilibrado" y por el cual se tiene que en situaciones como la actual en España, el efecto contractivo de una subida de impuestos es menor que el efecto expansivo de una subida equivalente del gasto público, en la medida que la subida de impuestos (por ejemplo por un importe de 1000), si bien reduce la renta disponible (en 1000), no reduce en esa misma cantidad el gasto en consumo sino en una cantidad menor pues parte de esa renta disponible (que se reduce por los mayores impuestos) no se gastaría sino que se ahorraría, en tanto que el gasto público que esos impuestos permiten (por un valor de 1000) generan una demanda efectiva de 1000 de modo directo. Se trataría en suma de conseguir satisfacer a los econosádicos de Berlín y Bruselas diseñando una política presupuestaria que expandiese el gasto público menos que los impuestos, o sea, que redujese el déficit público pero que, debido al multiplicador del presupuesto equilibrado, no tuviese efectos contractivos sobre la economía, justo entonces la política contraria de la que el actual gobierno está instrumentando. Y, si es tan simple, ¿por qué no la consideran los expertos economistas académicos que están tras el gobierno actual y lo estaron tras el de Zapatero? Probablemente la razón es que ya ni se acuerdan del Teorema del Multiplicador del Presupuesto Equilibrado. Ese supuesto teoremilla derivado de las enseñanzas de un oscuro y confuso economista de la primera mitad del siglo XX.
Fernando Esteve
Dos breves apuntes sobre lo que está pasando. El primero se refiere a todo un bloque de comentarios contradictorios que se suelen oír por ahí acerca de la crisis. Por un lado, está la opinión expresada día sí, día también, por el Gobierno de este desventurado país y de toda la ingente multitud de sus corifeos autonómicos y locales, y que también, ¡cómo no!, aparece en boca de esos infatigables -y nada afectados por el paro- trabajadores que son los tertulianos, opinión que repite incansablemente que la crisis es "cosa de todos" pues a todos nos afecta en mayor o menor medida, por lo que aquellos todavía menos afectados (o sea, quienes aún tienen empleo) han de hacer algo por los más infortunados, o sea aceptar con entrega e ilusión las políticas de austeridad que desde el gobierno se decretan. Pero, curiosamente, por otro lado, está un cierto runrún que se suele oír por lo bajo entre las gentes del común por calles, plazas y mercados, y que se resume muy bien en el título de aquel viejísimo album del grandilocuente y chillón grupo pop Supertramp:Crisis. What crisis?, o sea, que no es tan fiero el león de la crisis como lo pintan.
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Gabriel Flores
Gabriel Flores
En apenas una semana, la ciudadanía francesa decidirá si Sarkozy continúa como Presidente de la República o es sustituido por Hollande. La elección tiene una innegable trascendencia que sobrepasa los límites y el horizonte del país vecino. La pugna entre Hollande y Sarkozy no sólo ocupa un lugar central en la vida política francesa, parece destinada también a influir significativamente en el devenir de la UE, las economías de la eurozona y el propio euro.
La opinión pública europea percibe que el resultado electoral del próximo 6 de mayo en Francia será un factor clave que contribuirá a decidir si continúa la hegemonía conservadora en la definición de la salida a la crisis económica. En sentido contrario, los electores franceses podrían dar a la socialdemocracia una oportunidad para defender y aplicar un programa de superación de la crisis que coloque en primer plano la defensa de los intereses de la mayoría, resista las presiones del todopoderoso capital financiero, pula excesos y extremismos en las políticas de austeridad impuestas y revierta las reformas estructurales de carácter antipopular y antidemocrático que han impuesto los mercados y las instituciones comunitarias a los países del sur de la eurozona.
Esas expectativas pueden ser exageradas, pero dan cuenta de un sentir mayoritario en la ciudadanía europea que no es una mera ilusión. El triunfo de Hollande puede convertirse en un punto de inflexión que marque el inicio de un nuevo escenario de confrontación política e ideológica en el que las opciones de política económica de la derecha europea se perciban como lo que son, opciones e intereses de una parte tan minoritaria como poderosa de la sociedad, y no como nos las quieren vender, únicas opciones existentes y únicas medidas racionales.
Las esperanzas provocadas por la victoria de Hollande en la primera vuelta no descansan en simples ilusiones, pero hay demasiadas ilusiones puestas en esa victoria y, en su caso, en lo que pueda hacer Hollande desde una posición, la de Jefe de Estado, que en Francia goza de prerrogativas y poderes particularmente importantes. No está de más acompañar con un poco de realismo esas esperanzas.
En primer lugar, por la posibilidad cierta de que Sarkozy se alce finalmente con la victoria. La ventaja tan ajustada del candidato socialista en la primera vuelta hace que el reñido resultado definitivo pueda decantarse a favor de cualquiera de los dos. La victoria de Sarkozy sería evidentemente una pésima noticia, pero la victoria de Hollande no garantizan suficiente fuerza electoral (hay que ganar también las legislativas de mediados de junio) ni, menos aún, fuerza social bastante para hacer otra política económica.
En segundo lugar, la mínima victoria de Hollande sobre Sarkozy en la primera vuelta (un 28,6% del total de votos frente al 27,2%) se ha visto acompañada del fuerte alza de la derecha xenófoba, ultranacionalista y antieuropea (un 17,9%) y de unos resultados de otras opciones de izquierda y progresistas que, pese al notable avance del Frente de Izquierdas (cuatro millones de votos, un 11,1% del total), se han situado lejos de las expectativas que señalaban los sondeos. El paso de una relativamente larga fase de bonanza económica a la actual situación de crisis prolongada no ha supuesto un avance sustancial del conjunto de opciones transformadoras situadas a la izquierda del Partido Socialista. La concentración del voto de la izquierda alternativa en respaldo de Mélenchon, el líder del Frente de Izquierdas, ha coincidido con una reducción muy significativa de más de 1,5 millones de votos en otras opciones que han perdido algo más de la mitad del los apoyos logrados en las anteriores presidenciales de abril de 2007. Esos datos muestran la enorme dificultad que tienen las opciones situadas a la izquierda de los socialistas para conectar electoralmente con la mayoría social y lograr más respaldos para programas con una mayor carga ideológica anticapitalista y medidas que supongan una regulación más estricta que ampare el control político y social de instituciones claves del mercado.
En tercer lugar, lo que han hecho o dejado de hacer desde el comienzo de la crisis los partidos socialdemócratas que han ocupado posiciones relevantes de poder político en algunos de los Estados miembros de la UE no permite hacerse demasiadas ilusiones sobre lo que serán capaces de hacer en el futuro. Sin olvidar lo poco que se notan las diferencias con la derecha en lo que hacen y lo que dicen algunos destacados socialdemócratas europeos que ocupan o han ocupado en los últimos años puestos relevantes en las instituciones comunitarias.
Y en cuarto lugar, las propuestas de Hollande para lograr que la UE sea percibida por la ciudadanía europea como una institución protectora de los derechos y el bienestar de la mayoría en lugar de como una amenaza no entran en excesivas concreciones sobre aspectos cruciales que interesan especialmente a los países del sur de la eurozona que afrontan mayores desequilibrios macroeconómicos, precariedades en sus especializaciones productivas y dificultades para superar la recesión.
Algo más que pequeñas semejanzas
En algunos temas del programa defendido por Hollande, las diferencias con el de Sarkozy son meramente cuantitativas y no ofrecen objetivos ni argumentos muy distintos. Así, la ortodoxia del equilibrio presupuestario impregna el programa de ambos candidatos. Ambos candidatos comparten el objetivo de un rápido equilibrio de las cuentas públicas. Sarkozy pretende conseguirlo en 2016 y Hollande un año después, en 2017, sin que ninguno de los dos se pare un minuto en explicar la dificultad de lograr tal objetivo y los potenciales impactos negativos y restricciones que supondría alcanzarlo.
Respecto al curso de los gastos públicos, si Sarkozy pretende que en términos reales (descontado el alza de los precios) no aumenten más del 0,4% al año, Hollande admite un poco más de margen en ese incremento hasta el 1% anual. Un rigor que si bien no es fácil de encajar por la ciudadanía francesa se sitúa a años luz de los drásticos recortes del gasto público emprendidos por Zapatero en mayo de 2010 y que sólo han permitido obtener mediocres resultados en la reducción del déficit público. Y no digamos, respecto al desenfrenado ritmo de recortes a troche y moche ejecutados por Rajoy en los últimos meses a costa de profundizar la recesión y provocar una degradación suplementaria de la educación, la sanidad y la protección social.
Tanto Hollande como Sarkozy parecen cómodos al reducir la política presupuestaria a un problema contable; ninguno de los dos entra en problemas o interrogantes económicos y políticos que son cruciales para la economía francesa y, más aún, para los otros países del sur de la eurozona: ¿qué estrategia presupuestaria es más adecuada para preservar los empleos e impedir una reducción generalizada de la actividad económica?, ¿qué papel debe jugar el presupuesto público para favorecer la justicia social e impedir que los costes se repartan de forma tan desigual como injusta en contra de las rentas del trabajo y de los sectores sociales más perjudicados por la crisis o más vulnerables?, ¿qué nivel de inversión pública es necesario para alentar la modernización productiva y un cambio en las especializaciones?, ¿cómo puede el sector público animar modos de producción y consumo más sostenibles o menos intensivos en el consumo de materiales y energía y cuál es el coste de esa intervención pública? Interrogantes que si en el caso de Francia son relevantes, en el caso de la economía española son decisivos para salir de la espiral austeridad-recesión y promover una reactivación económica desvinculada de las unilaterales y dañinas políticas de austeridad presupuestaria y salarial imperantes.
Otro terreno en el que ha coincidido la posición de ambos candidatos ha sido su escaso interés por las cuestiones relativas a la imprescindible y deseable reconversión ecológica de la economía y a la planificación de la transición energética que están obligados a llevar a cabo los países comunitarios en las próximas dos décadas. Quizás, esta despreocupación por elementos esenciales del porvenir energético haya facilitado la escasa relevancia alcanzada por el debate nuclear y los riesgos puestos en evidencia por la catástrofe de Fukushima. La posición de Sarkozy se ha limitado a respaldar la posición que ocupa la energía nuclear en Francia y ha permitido que Hollande haya podido compatibilizar la defensa de la industria nuclear francesa con el compromiso de reducir al 50% en el año 2025 la producción de energía eléctrica de origen nuclear, desde su actual porcentaje del 75%.
Y algo más que meras diferencias puntuales
Pese a las semejanzas o pequeñas diferencias en los puntos señalados antes y en otros de menor importancia, los proyectos que defienden los candidatos y los programas en los que se sostienen esos proyectos conforman perspectivas y opciones políticas claramente diferenciadas que se concretan en objetivos, propuestas y prioridades que definen futuros y políticas económicas divergentes que dejan muy poco espacio para el acuerdo y, menos aún, para el pasteleo. Los electores franceses tienen así la posibilidad de elegir democrática y colectivamente entre dos proyectos que compiten entre sí a la luz del día y sin grandes engaños para obtener el apoyo de la mayoría.
Afortunadamente no caben en esta pugna electoral llamamientos tan ingeniosos como vacíos de contenido que apelen a la consecución de grandes acuerdos nacionales entre las dos grandes formaciones políticas. La ciudadanía francesa podrá apoyar que se sigan aplicando medidas de austeridad extrema, reducción de costes laborales y relaciones entre Estados miembros marcadas por la insolidaridad y las sanciones o, en sentido contrario, apostar por el abandono de esas políticas e impulsar soluciones federales, de mutualización de los riesgos, que permitan compatibilizar políticas inteligentes de austeridad con medidas encaminadas a generar empleos, reactivar la economía, mantener los bienes públicos, modernizar las estructuras y especializaciones productivas y planificar la transición energética.
Las diferencias entre los proyectos que defienden Hollande y Sarkozy son sustantivas y afectan a múltiples terrenos, tanto en el ámbito de las instituciones y políticas europeas como en el de las reformas que inciden exclusivamente en el terreno doméstico. Los franceses se han ahorrado hasta ahora las pamplinas que empezamos a sufrir aquí a cuento de propuestas imposibles de reedición de unos nuevos Pactos de la Moncloa destinados a unir a derechas e izquierdas, patronales y sindicatos en no se sabe qué objetivos y políticas económicas comunes. Pactos de unidad nacional que tienen como único fin rellenar el vacío político que implica la inconsistencia de las propuestas que se ofrecen, la fragilidad de las propias fuerzas y convicciones y la dificultad de argumentar abiertamente a favor de una estrategia de superación de la crisis capaz de confrontarse con la que defienden la derecha y los mercados.
Las divergencias esenciales entre los proyectos de Hollande y Sarkozy y entre los horizontes que definen sus respectivos programas reposan en, al menos, cuatro asuntos económicos de enorme trascendencia:
Primero, apoyar una austeridad permanente y generalizada o ayudar a que todos los Estados miembros tengan márgenes y posibilidades de aplicar políticas favorables al empleo y la actividad económica; mantener las costosas y arriesgadas intervenciones que viene realizando el BCE para impedir en el último segundo la implosión del euro o comprometer al BCE en una propuesta de financiación permanente, barata y eficiente de los Estados miembros con mayores dificultades.
Segundo, animar la reindustrialización por la vía de reducir los costes laborales y proteger los mercados europeos para los grandes grupos empresariales frente al peligro que representan los países emergentes o favorecer que las pequeñas y medianas empresas que generen empleos, inviertan e innoven reciban ayudas públicas y créditos por parte de una banca pública de inversión que permita a las instituciones de poder locales y regionales participar en sus decisiones y gestión.
Tercero, maquillar las ayudas fiscales a los grandes grupos empresariales que apenas pagan en términos efectivos un 8% de sus beneficios (muy lejos del tipo impositivo oficial del 33%) y mantener los privilegios fiscales de las personas físicas situadas en la cúspide de la pirámide social o alinear la fiscalidad de las rentas del capital con la que afecta a las rentas del trabajo e incrementar la progresividad del sistema. Entre otros compromisos, Hollande propone ampliar el abanico de tipos impositivos entre un 15 y un 35% en el impuesto de sociedades y un tipo marginal del 75% para las rentas superiores al millón de euros anuales en el caso de la renta de las personas físicas.
Y cuarto, incentivar a los que tienen empleo para que trabajen más y ganen más, con el riesgo evidente de contribuir a consolidar los altos niveles de desempleo y la exclusión de las personas en paro o comprometer al Estado en la generación de empleos decentes y actividades económicas sostenibles y la extensión de una renta básica.
Las cartas están echadas. Ojalá gané Hollande el próximo 6 de mayo y ojalá que esa victoria aliente un cambio de rumbo y contribuya al surgimiento de un movimiento de la ciudadanía europea consciente de sus derechos y de los intereses en juego. Debilitar al capital financiero, a los grandes grupos empresariales y a las fuerzas políticas que les dan soporte y les sirven de altavoces no va a ser una tarea fácil. Resistir y revertir las políticas de austeridad presupuestaria y salarial, recorte de los bienes públicos e imperio de la competencia y la insolidaridad en las relaciones entre los socios comunitarios y entre la ciudadanía europea va a requerir más que un Hollande, pero convendría tener el apoyo de este Hollande para facilitar la tarea.Gabriel Flores
En apenas una semana, la ciudadanía francesa decidirá si Sarkozy continúa como Presidente de la República o es sustituido por Hollande. La elección tiene una innegable trascendencia que sobrepasa los límites y el horizonte del país vecino. La pugna entre Hollande y Sarkozy no sólo ocupa un lugar central en la vida política francesa, parece destinada también a influir significativamente en el devenir de la UE, las economías de la eurozona y el propio euro.
La opinión pública europea percibe que el resultado electoral del próximo 6 de mayo en Francia será un factor clave que contribuirá a decidir si continúa la hegemonía conservadora en la definición de la salida a la crisis económica. En sentido contrario, los electores franceses podrían dar a la socialdemocracia una oportunidad para defender y aplicar un programa de superación de la crisis que coloque en primer plano la defensa de los intereses de la mayoría, resista las presiones del todopoderoso capital financiero, pula excesos y extremismos en las políticas de austeridad impuestas y revierta las reformas estructurales de carácter antipopular y antidemocrático que han impuesto los mercados y las instituciones comunitarias a los países del sur de la eurozona.
Esas expectativas pueden ser exageradas, pero dan cuenta de un sentir mayoritario en la ciudadanía europea que no es una mera ilusión. El triunfo de Hollande puede convertirse en un punto de inflexión que marque el inicio de un nuevo escenario de confrontación política e ideológica en el que las opciones de política económica de la derecha europea se perciban como lo que son, opciones e intereses de una parte tan minoritaria como poderosa de la sociedad, y no como nos las quieren vender, únicas opciones existentes y únicas medidas racionales.
Las esperanzas provocadas por la victoria de Hollande en la primera vuelta no descansan en simples ilusiones, pero hay demasiadas ilusiones puestas en esa victoria y, en su caso, en lo que pueda hacer Hollande desde una posición, la de Jefe de Estado, que en Francia goza de prerrogativas y poderes particularmente importantes. No está de más acompañar con un poco de realismo esas esperanzas.
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